La semana pasada la organización Comunidad y Familia A.C. presentó su informe de trabajo en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Y ese mismo día junto con autoridades de gobierno estatal inauguraron una obra de agua potable para beneficiar a las comunidades indígenas de Coguérachi y Gomárachi del municipio de Guachochi.
Una de sus formas de trabajo implica sumar recursos con el gobierno para realizar proyectos de sistemas colectivos de agua que en este caso beneficiaron a 47 familias, el gobierno invirtió 2.6 millones de pesos, por lo que el costo por familia del proyecto fue de poco más de 55 mil pesos. El propósito del proyecto es que además de llevar agua a familias que sufren sequía durante varios meses del año, también puedan contar con agua para agricultura sustentable.
Este modelo que involucra a voluntarios en las comunidades, a los beneficiarios de las obras que participan para desarrollar sus modelos de vida autosustentable, y una mínima participación del gobierno que se limita a pagar materiales necesarios para desarrollar el proyecto, representa una herramienta formidable para acercar el agua a comunidades indígenas que de otra manera se mantendrían excluidas.
Las políticas tradicionales del gobierno federal implican evaluaciones de costo beneficio para proyectos de agua potable; esto ocasiona que en comunidades dispersas y escondidas en lo más profundo de las barrancas es imposible encontrar criterios de “rentabilidad”, ya que siempre será más fácil y “rentable” dar los servicios en zonas urbanas o rurales, en comunidades compactas con topografía plana.
Otro modelo de intervención para atender la pobreza y marginación que se inició en la nueva administración federal, da dinero directamente a las familias para que resuelvan sus problemas. Lo abrupto de la sierra y las distancias en las que se encuentran estas familias, entre otros factores de marginación, como la falta de trabajos productivos, educación y capacitación, hacen inviable resolver problemas de déficits de infraestructura de agua individualmente, y aún en el caso de que se organizasen para desarrollar un proyecto y aprovechar un abastecimiento de agua colectivamente, se requeriría un ahorro total de los subsidios familiares por años para poder contar con el agua, por lo que tampoco es viable para resolver el problema.
El modelo de COFAM que busca la participación de gobierno, sociedad y usuarios, a través de la solidaridad y la subsidiariedad si resuelve el problema de fondo.
Es importante resaltar que la Doctrina Social de la Iglesia requiere poner en práctica sus principios para aterrizar en obras de bien común concreto, que ayuden a que las comunidades marginadas puedan salir de esa condición y puedan aspirar a un desarrollo autosustentable y, por otra parte, necesita también el compromiso de personas que asuman esta dimensión de su fe cristiana para hacer que sucedan las cosas.
Oscar Fidencio Ibáñez Hernández
@OFIbanez
Casado, padre de 3 hijos, profesor e investigador universitario, y bloguero. Ingeniero Civil, Maestro en Ingeniería Ambiental y Doctor en política y políticas ambientales.
Mexicano, católico, autor entre otros textos de “El Espíritu Santo en tiempos de Twitter: Documentos del Concilio Vaticano II para tuiteros. Celebrando el #AñoDeLaFe”
Admirador de la Creación en todas sus dimensiones. Nací en La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte (Hoy, Ciudad Juárez, Chihuahua).
Que Dios siga guiando a través de su Espíritu Santo a individuos, organismos y familias, para identificar la mejor manera de lograr bienestar social. Solo en comunidad y en sociedad se pueden mejorar muchas cosas, que como individuos no se lograrían, pues así mando Dios que trabajáramos en comunión con nuestro prójimo.