Para una mejor distribución de la tierra
Documento del PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ»
23 noviembre 1997
PRESENTACIÓN
PREMISA
CAPÍTULO I: PROBLEMAS VINCULADOS CON LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
CAPÍTULO II: EL MENSAJE BÍBLICO Y ECLESIAL SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y SOBRE EL DESARROLLO AGRÍCOLA
CAPÍTULO III LA REFORMA AGRARIA:UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONCLUSIÓN
PRESENTACIÓN
El presente documento, «Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria», se propone solicitar, a todos los niveles, una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos que desencadena el fenómeno de la concentración y de la apropiación indebida de la tierra.
Se trata de problemas que golpean en su dignidad a millones de seres humanos y privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo.
Frente a situaciones marcadas por tanta y tan inaceptable injusticia, el Consejo Pontificio «Justicia y Paz» ha pensado ofrecer este documento para la reflexión y la orientación, haciéndose intérprete de una doble solicitud, la proveniente de los pobres y la proveniente de los pastores: pronunciar, con evangélica franqueza, una palabra sobre las situaciones escandalosas, presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y el uso de la tierra.
El Consejo Pontificio, sirviéndose del rico patrimonio de sabiduría acumulada en la doctrina social de la Iglesia, ha considerado suyo el improrrogable deber de llamar la atención de todos, especialmente de los responsables políticos y económicos, a emprender apropiadas reformas en el campo agrario para iniciar una época de crecimiento y desarrollo.
No se debe dejar transcurrir el tiempo en vano. El Gran Jubileo del año 2000, proclamado por el Santo Padre Juan Pablo II para conmemorar al Único Salvador, Jesucristo, es una llamada alta y comprometedora a una conversión, también en el plano social y político, que restablezca el derecho de los pobres y los excluidos a gozar de la tierra y de sus bienes que el Señor ha dado para todos y cada uno de sus hijos e hijas.
PREMISA
1. El modelo de desarrollo de las sociedades industrializadas es capaz de producir enormes riquezas, pero pone en evidencia insuficiencias graves a la hora de redistribuir equitativamente los frutos y cuando se trata de fomentar el crecimiento de las áreas más atrasadas.
Ni siquiera las economías desarrolladas se libran de esa contradicción; sin embargo, la gravedad de esta situación alcanza dimensiones dramáticas en las economías en vías de desarrollo.
Esto es patente en el fenómeno constante de la apropiación indebida y la concentración de las tierras, es decir, del bien que, puesto que la economía de los países en vías de desarrollo está basada en la agricultura, constituye, junto con el trabajo, el factor de producción fundamental y la fuente principal de la riqueza nacional.
Este estado de cosas es frecuentemente una de las causas más importantes del hombre y la miseria, y constituye una negación concreta del principio, que nace del origen común y de la fraternidad de Dios (cf. Ef 4, 6), de que todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos y dignidad.
2. En el umbral del Tercer Milenio de la era cristiana, el Papa Juan Pablo II invita a toda la Iglesia a «subrayar más decididamente la opción preferencial … por los pobres y los marginados» y señala «en el compromiso por la justicia y la paz en un mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales y económicas, … un aspecto sobresaliente de la preparación y de la celebración del Jubileo» [1].
Bajo esta perspectiva y con el presente documento, el Consejo Pontificio «Justicia y Paz» pretende encarar el dramático problema de la apropiación indebida y de la concentración de las tierras en el latifundio [2], pidiendo una solución y señalando el espíritu y los objetivos que tienen que marcar el paso.
El documento presenta de forma sintética:
una descripción del proceso de concentración de la propiedad de las tierras donde no está distribuida de forma equitativa;
los principios que deben inspirar las soluciones de este grave problema, según el mensaje bíblico y eclesial;
la reclamación de una reforma agraria eficaz como condición indispensable para llegar a un futuro de mayor justicia.
El documento pretende llamar la atención de quienes se preocupan por los problemas del mundo de la agricultura y del desarrollo económico en general (sobre todo la de los responsables, nacionales e internacionales) sobre los problemas vinculados con la propiedad de las tierras, e incitarles a que actúen urgentemente. Sin embargo, no se trata de un documento con una propuesta política, puesto que ésta no es de competencia de la Iglesia.
3. El Consejo Pontificio «Justicia y Paz» se convierte en portavoz de las demandas procedentes de muchísimas Iglesias locales, que tienen que enfrentarse diariamente con los problemas tratados aquí.
Leyendo las numerosas intervenciones de los Obispos y las Conferencias Episcopales sobre la cuestión de las tierras y de su distribución equitativa [3] se ve claramente la atención y la preocupación que tiene la Iglesia por estos temas, puesto que intenta construir la sociedad bajo el signo evangélico de la justicia y la paz.
Se hará constantemente referencia a estos documentos, aunque no sean citados de forma explícita; constituyen una contribución de gran valor y significado, relatan testimonios cristianos de sufrimiento, realizados en situaciones difíciles y dolorosas.
Tenemos el propósito de confirmar el valor de estos testimonios y queremos alentar este compromiso para el futuro.
CAPÍTULO I
PROBLEMAS VINCULADOS CON LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
La hipoteca del pasado en la situación actual
4. La estructura agrícola de los países en vías de desarrollo se caracteriza a menudo por una distribución de tipo dual. Un pequeño número de latifundistas posee la mayoría de las tierras cultivables, mientras que una multitud de pequeñísimos propietarios, arrendatarios y colonos cultiva el resto de las tierras, que a menudo son de peor calidad. El latifundio es característico hoy del régimen de la tierra de casi todos estos países [4].
El proceso de concentración de la propiedad de la tierra tiene orígenes históricos diferentes, que varían de una región a otra. Hay que decir, por el gran interés que tiene para nuestra reflexión, que en las áreas que fueron sometidas a la dominación colonial la concentración de las tierras en grandes fundos se ha producido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, mediante la progresiva apropiación privada de la tierra, secundada por leyes que han introducido graves distorsiones en el mercado de las tierras [5].
La apropiación privada de la tierra no ha comportado solamente la creación y consolidación de los latifundios, sino también la atomización de las pequeñas propiedades.
El pequeño agricultor [6] podía, en el mejor de los casos, adquirir una pequeña superficie de tierra para cultivarla con su familia. Cuando ésta aumentaba, él no estaba en condiciones de ampliar su propiedad, a no ser que estuviera dispuesto a trasladarse con su familia hacia tierra menos fértiles y más lejanas, que requerían más trabajo por cada unidad de producción.
Se ponían, de esta forma, las bases de una ulterior fragmentación de la que ya era una pequeña superficie de tierra poseída y, por lo tanto, del empobrecimiento del cultivador y su familia.
5. En los últimos decenios la situación no ha cambiado de forma sustancial; es más, en muchos casos ha ido empeorando progresivamente, aunque la realidad demuestre el impacto negativo que tiene en el crecimiento económico y en el desarrollo social [7].
En el origen de esta situación está la interacción de una serie de fenómenos graves que, a pesar de las peculiaridades nacionales, poseen características muy parecidas entre los diferentes países.
Los caminos del desarrollo económico recorridos por los diferentes países en vías de desarrollo en los últimos decenios han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra. En general, este proceso parece ser la consecuencia de las medidas de política económica y de los vínculos estructurales inmutables a corto plazo, y el causante de costes económicos, sociales y medioambientales.
Evaluación crítica de las medidas de política económica
La industrialización a expensas de la agricultura
6. Para modernizar de forma rápida las economías nacionales, muchos países en vías de desarrollo se han basado sobre todo en la convicción, a menudo no justificada, de que la industrialización rápida puede mejorar el bienestar económico general aunque tenga lugar a expensas de la agricultura.
Estos países han tomado, por lo tanto, medidas de protección de las producciones industriales internas y de manipulación de los tipos de cambio de las monedas nacionales en desventaja de la agricultura; medidas de sostenimiento del poder adquisitivo de las poblaciones urbanas basadas en el control de los precios de los productos alimenticios; o bien otras medidas que, al alterar el mecanismo de distribución de los mercados, han producido un empeoramiento de las condiciones de cambio de la producción agrícola con respecto a la producción industrial.
La consiguiente caída de las rentas agrícolas ha afectado duramente a los pequeños productores, hasta el punto que muchos de ellos han abandonado la agricultura. Todo esto ha favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra.
Los fracasos de la reforma agraria
7. En los últimos decenios, en muchos países en vías de desarrollo se han realizado reformas agrarias para asegurar un equitativo reparto de la propiedad y el uso de la tierra. Sólo en algunos casos estas reformas han alcanzado los objetivos establecidos. En la mayoría de estos países, sin embargo, estas reformas no han dado los resultados prometidos.
El hecho de creer que la reforma agraria consiste fundamentalmente en un simple reparto y asignación de tierras ha sido una de las mayores equivocaciones.
Los fracasos se pueden atribuir en parte a una inadecuada evaluación de las necesidades del sector de la agricultura en transición de una fase de subsistencia a una fase de integración con los mercados nacionales e internacionales, y en parte también a una falta de profesionalidad en la elaboración de los proyectos, la organización y la gestión de la reforma [8].
En resumen, las medidas de la reforma agraria no han alcanzado sus objetivos: reducir la concentración de la tierra en los latifundios, crear empresas capaces de crecer de forma autónoma, impedir la expulsión de los campesinos de las tierras y la consiguiente migración hacia los centros urbanos o hacia las tierras libres o marginales y sin infraestructuras sociales.
8. En muchos casos los gobiernos no se han preocupado suficientemente de proporcionar a las zonas interesadas por la reforma las infraestructuras y los servicios sociales indispensables; de realizar una eficaz asistencia técnica; de asegurar un acceso justo al crédito con costes tolerables; de limitar las distorsiones que favorecían a los latifundios; de pedir a los beneficiarios de las tierras precios y formas de pago de éstas compatibles con las necesidades de crecimiento de sus empresas y con las necesidades de sus familias. Los pequeños agricultores, obligados a endeudarse, deben a menudo vender sus derechos y abandonar su actividad agrícola.
Una segunda causa importante del fracaso de las reformas agrarias nace de la falta de consideración por la historia y las tradiciones culturales de los pueblos, que ha hecho que se favorezcan algunas estructuras agrícolas contrastantes con las formas tradicionales de propiedad de la tierra.
Otras dos realidades han contribuido a desestabilizar de forma notable el proceso de reforma: una lamentable serie de formas de corrupción, servilismo político y colusión, que han llevado a asignar amplias parcelas a los miembros de los grupos dirigentes, y la presencia de empresas extranjeras, preocupadas por las consecuencias de la reforma agraria en sus actividades económicas.
Las exportaciones agrícolas
9. En muchos países en vías de desarrollo, también las modalidades con las que las políticas agrícolas se han encargado de la exportación de los productos agrícolas han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos.
Para algunos productos se han adoptado políticas de control de los precios que favorecen a las grandes empresas agro-industriales y a los cultivadores de productos de exportación y desgraciadamente han penalizado a los pequeños cultivadores de productos tradicionales [9]. Otras medidas han hecho que todas las infraestructuras y todos los servicios se montaran a la medida de los intereses de los latifundistas. En otros casos, las políticas fiscales sobre la agricultura han incrementado los beneficios de ciertos grupos de propietarios (personas físicas o sociedades de capital) y han consentido una amortización, en tiempos relativamente reducidos, de las inversiones, sin prever impuestos progresivos y consintiendo, por otra parte, una fácil evasión fiscal. Ha habido, además, políticas de concesión de crédito a la agricultura que han falseado las relaciones de precio entre el capital tierra y el trabajo.
De esta forma se ha facilitado un proceso de acumulación basado en la inversión en tierras. Se ha excluido de este proceso a los pequeños agricultores, que se encuentran a menudo al margen del mercado de la tierra.
La subida de los precios de la tierra y la disminución de la demanda de trabajo, debido a la mecanización de la agricultura, limitan el acceso de los pequeños agricultores, cuando no están asociados, a los créditos a largo plazo y, por lo tanto, a las tierras.
10. El objetivo de reducir la deuda internacional a través de las exportaciones puede llevar a una disminución del nivel de bienestar de los pequeños agricultores, puesto que a menudo éstos no cultivan productos de exportación.
Las carencias del servicio público de capacitación agrícola no permiten a estos agricultores, que se dedican por necesidad a una agricultura de subsistencia con el empleo de métodos tradicionales, adquirir la preparación técnica necesaria para realizar correctamente el cultivo de los nuevos productos. Las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores, escasamente integrados en el mercado, en el acceso a los créditos reducen sus posibilidades de adquirir los factores de producción que las nuevas tecnologías requieren. El escaso conocimiento del mercado no les permite estar informados sobre la evolución de los precios de los productos y les impide alcanzar el nivel de calidad que las exportaciones requieren.
En las pequeñas propiedades, el cultivo de los productos de exportación, fomentado por el mercado, tiene lugar a expensas de las producciones destinadas en su mayoría al autoconsumo y, por lo tanto, expone a las familias de los agricultores a graves riesgos. Si la temporada es mala o las condiciones del mercado no son buenas, la familia del pequeño agricultor puede entrar en la espiral del hambre y acumular deudas que la obligarán a perder la propiedad de sus tierras.
La expropiación de las tierras de los indígenas
11. En estos últimos decenios ha tenido lugar una intensa y continua expansión de las diferentes actividades económicas basadas en la utilización de los recursos naturales de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.
En la mayoría de los casos, la expansión de las grandes empresas agrícolas, la construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques en las áreas de expansión de la frontera agrícola han sido decididas, planificadas y realizadas sin tener en consideración los derechos de los habitantes indígenas [10].
Todo esto tiene lugar de forma legal, pero el derecho de propiedad promulgado por ley se encuentra en conflicto con el derecho de uso del suelo originado por una ocupación y por una pertenencia cuyos orígenes se remontan a tiempos muy lejanos.
Los pueblos indígenas, que en su cultura y en su espiritualidad consideran a la tierra como el valor fundamental y el factor que los une y que alimenta su identidad, perdieron el derecho legal de propiedad de las tierras donde viven desde hace siglos en el momento en que se crearon los primeros latifundios. Se les puede, por lo tanto, privar de estas tierras si los tenedores antiguos o nuevos del título legal de propiedad quieren tomar concretamente posesión de éstas aunque durante varios decenios no les hayan interesado para nada.
También puede ocurrir que los indígenas corran el riesgo, absurdo pero concreto, de que se les considere como invasores de sus propias tierras.
La única alternativa al hecho de que se les expulse de sus tierras es el trabajo para las grandes empresas, o la emigración. A estos pueblos, de cualquier forma, se les despoja de sus tierras y de su cultura.
Violencias y complicidades
12. La historia reciente de muchas áreas rurales está frecuentemente marcada por conflictos, injusticias sociales y diversas formas de violencia no controlada.
La élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en instaurar un clima de terror para acallar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajo inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos de viaje, comida y alojamiento. Se ha instaurado este clima también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del Estado o bien otras tierras, o para apoderarse de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas.
En estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y las cosechas, quitar poder a los líderes de las comunidades, o deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden a los más débiles, entre los cuales también hay que recordar a muchos responsables de la Iglesia.
A menudo los representantes de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los crímenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y por la indiferencia de muchos Estados hacia los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Nudos institucionales y estructurales que se deben resolver
13. Los países en vías de desarrollo pueden contrarrestar eficazmente el proceso actual de concentración de la propiedad de la tierra si hacen frente a algunas situaciones que se presentan como auténticos nudos estructurales. Éstas son: las carencias y retrasos en el orden legislativo sobre la cuestión del reconocimiento del título de propiedad de la tierra y el mercado del crédito; la falta de interés por la investigación y la capacitación agrícola; la negligencia relativa a los servicios sociales y la creación de infraestructuras en las áreas rurales.
El reconocimiento legal del derecho de propiedad
14. El conjunto de normas y los frágiles asentamientos administrativos, como los catastros, de muchos países a menudo agravan las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores a la hora de obtener el reconocimiento legal del derecho de propiedad de la tierra que cultivan desde hace tiempo y de la que son propietarios de hecho. Ocurre con frecuencia que se les quitan las tierras a los agricultores porque éstas caen, por ley, en manos de quienes, al tener más medios económicos y más información, pueden conseguir el reconocimiento del derecho de propiedad.
El pequeño agricultor de cualquier forma sale perdiendo: la incertidumbre sobre el título de propiedad representa, en efecto, un elemento que no anima a invertir, hace aumentar los riesgos para el agricultor en el supuesto de que éste incremente las dimensiones de su finca y disminuye las posibilidades de acceso al crédito utilizando la tierra como garantía. Además, esta incertidumbre representa un incentivo para explotar excesivamente los recursos naturales del fundo sin considerar las consecuencias vinculadas a la sostenibilidad medioambiental y sin preocuparse por las futuras generaciones.
El mercado del crédito
15. Las normas tradicionales sobre los créditos contribuyen a producir los efectos antes mencionados. El pequeño agricultor se enfrenta a muchas dificultades para acceder a los créditos necesarios para mejorar las tecnologías de producción, incrementar sus propiedades, hacer frente a las adversidades, a causa del papel que tiene la tierra, considerada como un instrumento de garantía, y de los costes elevados que las financiaciones de importes limitados implican a los bancos de crédito [11].
En las zonas rurales el mercado legal del crédito a menudo no existe. El pequeño agricultor se ve obligado a recurrir a la usura para conseguir los préstamos que necesita, exponiéndose a riesgos que le pueden llevar a la pérdida parcial o incluso total de sus tierras. En efecto, el usurero tiene generalmente el objetivo de especular con las tierras. Se pierden así las pequeñas propiedades, aumentando el número de personas sin tierra y, al mismo tiempo, se incrementa el patrimonio de los latifundistas, los agricultores más ricos o los comerciantes locales.
En los países pobres, en resumen, el acceso al crédito a largo plazo tiende a ser proporcional a la propiedad de los medios de producción y, sobre todo, de la tierra, y por lo tanto se convierte en una prerrogativa de los grandes latifundistas.
La investigación y la capacitación agrícola
16. Existen muchas carencias también en el terreno de la investigación y la capacitación agrícola [12], es decir, en las actividades de investigación o desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas a las diferentes realidades y la información de los agricultores sobre estas nuevas técnicas y sobre sus modalidades uso con el fin de obtener el máximo beneficio.
A menudo, en los países en vías de desarrollo el esfuerzo económico empleado para crear estructuras de investigación agrícola es bastante limitado y la preparación de los responsables de la formación no resulta conveniente.
Se crean, pues, los supuestos que hacen posibles dos fenómenos estrechamente vinculados entre sí y que tienen muchas repercusiones económicas y sociales:
la difusión de tecnologías que son el fruto de las investigaciones de privados que, por motivos de mercado, se dirigen a las empresas de grandes dimensiones;
la falta de atención por la compatibilidad de las nuevas tecnologías con las características de la agricultura de las diferentes áreas e incompatibilidad, sobre todo, con las condiciones socioeconómicas de estas zonas. En estos casos se corre el riesgo de que los efectos de la difusión de las nuevas tecnologías sean negativos para el bienestar de los pequeños agricultores y para la supervivencia de sus empresas.
La falta de infraestructuras y servicios sociales
17. La falta de interés por las infraestructuras y los servicios sociales indispensables en las zonas rurales tiene un papel importante.
El sistema escolar de estas áreas, por sus carencias cuantitativas y cualitativas, no proporciona a los jóvenes los medios necesarios para que desarrollen sus potencialidades personales y para que adquieran la conciencia de su dignidad de seres humanos y el conocimiento de sus derechos y deberes.
De la misma manera, las carencias de los transportes, además de dificultar el acceso a los demás servicios sociales, hacen que se reduzca la rentabilidad de la actividad agrícola. La falta de carreteras o sus malas condiciones por falta de mantenimiento y la escasez de medios públicos de transporte aumentan los costes de producción y reducen, por lo tanto, las posibilidades de mejorar las técnicas de producción.
La consecuencia más grave de la falta de infraestructuras es la dependencia de los pequeños agricultores de los mercados locales para comercializar sus productos. En los mercados locales hay pocas informaciones útiles, lo cual hace que sea difícil que los productos alcancen los niveles de calidad requeridos por la demanda. En estos mercados hay personas que tienen el monopolio de las transacciones, de forma que los agricultores se ven obligados a aceptar los precios impuestos o bien se arriesgan a no vender sus productos.
Consecuencias de las políticas económicas sobre la propiedad de la tierra
Consecuencias económicas
18. La falta de equidad en el reparto de la propiedad de la tierra y las políticas que causan estos desequilibrios obstaculizan el desarrollo económico.
Estos desequilibrios y estas políticas pueden generar consecuencias económicas que recaen sobre la mayoría de la población. Podemos señalar al menos cinco:
a) Las distorsiones en el mercado de la tierra. Las políticas de intervención sobre el mercado favorecen a menudo a los grandes latifundios, sea de forma implícita o explícita, puesto que tienen subvenciones indirectas y ventajas fiscales y de crédito. Estos privilegios producen nuevas inversiones en el valor de la tierra, incrementando así su precio. Los pequeños agricultores ven de esta forma cómo se reducen sus posibilidades de adquirir tierras y, por lo tanto, también la posibilidad de alcanzar, con las operaciones normales de compraventa, la equidad del mercado de la tierra.
b) La reducción de toda la producción agrícola del país. En los países con una economía agrícola poco desarrollada existe generalmente una relación inversa entre las dimensiones de la empresa agrícola y la productividad. La producción por unidad de superficie de los pequeños agricultores es superior a la de los latifundistas. En cambio, la producción obtenida por los latifundistas, que poseen la mayor parte de las tierras, es inferior, con la consecuente reducción de la producción agrícola del País.
c) Los salarios agrícolas mantenidos a niveles bajos. Tal mantenimiento se debe al incremento de la oferta y de la simultánea disminución de la demanda de trabajo en el sector de la agricultura y a la falta de condiciones para que los agricultores puedan negocias su trabajo en el ámbito colectivo e individual.
d) La poca rentabilidad de las pequeñas empresas. Cuando la rentabilidad de las pequeñas empresas se reduce, impide que se hagan las inversiones necesarias para que se desarrollen. Se trata, por lo tanto, de un proceso en espiral y sin salida.
e) La malversación de los ahorros acumulados en el sector de la agricultura. Estos ahorros no se utilizan de forma provechosa para invertir en infraestructuras y tecnologías útiles para la agricultura y se malversan en otros sectores de la economía o bien se emplean en el consumo.
Consecuencias sociales y políticas
19. Las consecuencias sociales son elevadas y graves. El mundo de la agricultura ha entrado en un proceso que incrementa y difunde la pobreza [13]. Donde la pobreza es predominante y no existe ningún sistema de seguridad social y ninguna certidumbre sobre la vejez, los hijos representan para los padres una garantía para el futuro. Las tasas de crecimiento de la población son, por lo tanto, muy altas, mientras que los problemas de la enseñanza y de la salud siguen sin resolverse.
El equilibrio tradicional del reparto de la población en el espacio ha sido quebrantado, en las comunidades rurales, por los procesos de desestructuración que son el origen de las migraciones hacia las periferias de las grandes ciudades, que se parecen cada vez más a megalópolis y donde se recrudecen los problemas sociales, la violencia y la criminalidad.
Los pueblos indígenas, presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución de sus instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio medioambiental de sus territorios.
20. En muchos países, ricos en recursos naturales y en terrenos cultivables, el hambre y la desnutrición representan los problemas principales [14]. El hambre es hoy en día un fenómeno creciente que no depende solamente de las carestías, sino también de las medidas políticas que no mejoran el acceso de las familias a los recursos. El hecho de defender a unos pocos hace que se obstaculice o se impida, de hecho o legalmente, el desarrollo de la agricultura. El hecho de destinar las tierras al cultivo de productos de exportación reduce los costes de los productos alimenticios de los países desarrollados, pero tiene efectos muy negativos en la mayoría de las familias que viven de la agricultura. Esta paradoja es intolerable para cualquier inteligencia y conciencia.
La acumulación de los problemas económicos y sociales incrementa la complejidad de los problemas políticos, provocando una inestabilidad y unos conflictos que retrasan el desarrollo de la democracia. Todo esto va en contra de la agricultura y es un obstáculo muy grave para cualquier programa de desarrollo económico.
Consecuencias ambientales
21. Las desigualdades en la distribución de la propiedad de las tierras desencadenan un proceso de degradación del medio ambiente difícilmente reversible [15], a lo que se añade el deterioro del suelo, la disminución de su fertilidad, el riesgo de inundaciones, la disminución de la capa freática, el aterramiento de los ríos y los lagos y otros problemas ecológicos.
A menudo se fomenta, con facilidades fiscales y de crédito, la deforestación de amplios territorios para dejar sitio a la cría extensiva del ganado, a las actividades mineras o el manufacturado de las maderas, pero sin prever planes de rehabilitación del medio ambiente, o, si están previstos, no se aplican.
La pobreza también está vinculada al deterioro medioambiental en un circulo vicioso cuando los pequeños agricultores, expropiados del latifundio, y los pobres sin tierra, en busca de nuevas tierras, se van obligados a ocupar las tierras estructuralmente frágiles, como por ejemplo los terrenos pendientes, y a erosionar el patrimonio forestal para poder cultivar.
CAPÍTULO II
EL MENSAJE BIBLICO Y ECLESIAL
SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
Y SOBRE EL DESARROLLO AGRICOLA
El mensaje bíblico
El cuidado de la creación
22. La primera página de la Biblia relata la creación del mundo y de la persona humana: «Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya: a imagen de Dios le creó; macho y hembra los creó» (Gn 1, 27). Palabras solemnes expresan la tarea que Dios les confía: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra» (Gn 1, 28).
La primera tarea que Dios les encomienda —es evidente que se trata de una tarea fundamental— se refiere a la actitud que deben tener con la tierra y con todos los seres vivientes. «Henchir» y «dominar» son dos verbos que se pueden malentender con facilidad e incluso pueden parecer una justificación de ese dominio despótico y desenfrenado que no se preocupa por la tierra y sus frutos y hace estragos con ella a su propio favor. En realidad, «henchir» y «dominar» son verbos que, en el lenguaje bíblico, sirven para describir la dominación del rey sabio que se preocupa por el bienestar de todos sus súbditos.
El hombre y la mujer tienen que cuidar la creación, para que ésta les sirva y para que esté a disposición de todos y no solo de algunos.
23. La naturaleza profunda de la creación es la de ser un don de Dios, un don para todos, y Dios quiere que se quede así. Por eso, la primera orden que Dios da es la de conservar la tierra respetando su naturaleza de don y bendición, y no transformarla en instrumento de poder o motivo de conflictos.
El derecho-deber de la persona humana de dominar la tierra nace del hecho de ser imagen de Dios: corresponde a todos y no sólo a algunos la responsabilidad de la creación. En Egipto y Babilonia este privilegio era sólo de algunos. En la Biblia, el dominio corresponde a la persona humana por ser tal y, por lo tanto, a todos. Es más, es la humanidad conjuntamente la que se debe sentir responsable de la creación.
Dios deja al hombre en el jardín para que lo labre y lo cuide (cf. Gn 2, 15) y para que se alimente de sus frutos. En Egipto y Babilonia el trabajo es una dura necesidad impuesta a los hombres en beneficio de los dioses: en realidad, en beneficio del rey, los funcionarios, los sacerdotes y los terratenientes. En la narración bíblica, en cambio, el trabajo es algo hecho para la realización de la persona humana.
La tierra es de Dios, que la ofrece a todos sus hijos
24. El israelita tiene el derecho de propiedad de la tierra, que la ley protege de muchas formas. El Decálogo prescribe: «No codiciarás la casa de tu prójimo, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu prójimo» (Dt 5, 21).
Se puede decir que el israelita se siente verdaderamente libre y plenamente israelita sólo cuando posee su parcela de tierra. Pero la tierra es de Dios, insiste el Antiguo Testamento, y Dios la ha dado en herencia a todos los hijos de Israel. Se debe, por lo tanto, repartir entre todas las tribus, clanes y familias. Y el hombre no es el verdadero dueño de su tierra, sino que es más bien un administrador. El dueño es Dios. Se lee en el Levítico: «La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes» (25, 23).
En Egipto la tierra pertenecía al faraón, y los campesinos eran sus esclavos y de su propiedad. En Babilonia había una estructura feudal: el rey entregaba las tierras a cambio de servicios y fidelidad. No hay nada parecido en Israel. La tierra es de Dios, que la ofrece a todos sus hijos.
25. De ahí se derivan varias consecuencias. Por un lado, nadie tiene el derecho de quitar la tierra a la persona que la cultiva, pues en caso contrario se viola un derecho divino; ni siquiera el rey puede hacerlo [16]. Por otro lado, se prohibe toda forma de posesión absoluta y arbitraria en beneficio propio: no se puede hacer lo que se quiere con los bienes que Dios ha dado para todos.
Sobre esta base la legislación ha ido añadiendo, impulsada siempre por situaciones concretas, muchas restricciones al derecho de propiedad. Algunos ejemplos: la prohibición de recoger los frutos de un árbol durante los cuatro primeros años (cf. Lv 19, 23-25), la invitación a no cosechar la mies hasta el borde del campo y la de recoger los frutos y las espigas olvidados o caídos, porque pertenecen a los pobres (cf. Lv 19, 9-10; 23, 22, Dt 24, 19-22).
A la luz de esta visión de la propiedad se entiende la severidad del juicio moral expresado por la Biblia sobre los abusos de los ricos, que obligan a los pobres y a los campesinos a ceder sus fundos familiares. Los Profetas son los que más condenan estos abusos. «¡Ay, los que juntáis casa con casa, y campo con campo anexionáis!», grita Isaías (5, 8). Y su contemporáneo Miqueas añade: «Codician campos y los roban, casas y las usurpan; hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad» (2, 2).
La perspectiva de libertad del Jubileo
26. El esfuerzo de vincular de forma estable y perpetua la propiedad de la tierra a su dueño y, al mismo tiempo, el esfuerzo de repartir equitativamente las tierras entre todas las familias de Israel están en la base de una de las instituciones sociales más singulares de ese pueblo: el Jubileo (cf. Lv 25) [17]. Este instituto traduce directamente en el orden social y económico el señorío de Dios, y pretende afirmar o defender tres libertades.
La primera libertad atañe a los campos y las casas, que, en el año jubilar, deben ser devueltos a los antiguos propietarios. Se pueden vender los campos y las tierras, pero la venta no es más que un traspaso de derechos de utilización que mantiene el derecho del propietario (o de un pariente) a recobrar en cualquier momento su fundo. De cualquier modo, cada cincuenta años las propiedades volverán a las familias propietarias originarias.
La segunda libertad se refiere a las personas, que, en el año jubilar, deben regresar libres a sus familias y propiedades.
La tercera libertad se refiere a la tierra, que, en el año del Jubileo y en el año sabático, se tendrá que dejar descansar.
La motivación de estas tres libertades es muy interesante: «Pues yo soy Yahvé, vuestro Dios» (Lv 25, 17); «La tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes» (Lv 25, 23). La motivación básica es, por lo tanto, el señorío de Dios, un señorío que se manifiesta en el don a los hombres: «Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios» (Lv 25, 38).
La propiedad de la tierra según la doctrina social de la Iglesia
27. Siguiendo la perspectiva marcada por las Sagradas Escrituras, la Iglesia ha elaborado en el transcurso de los siglos su doctrina social. Documentos fidedignos y significativos ilustran sus principios fundamentales, así como los criterios útiles para juzgar y discernir, y las indicaciones y orientaciones para realizar las elecciones oportunas.
En la doctrina social se juzga el proceso de concentración de la tierra como un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, ya que niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra.
Las perversas desigualdades de la distribución de los bienes comunes y de las posibilidades de desarrollo de toda persona y los desequilibrios deshumanizados de las relaciones personales y colectivas, causados por este tipo de concentración, provocan conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y provocan la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente.
El destino universal de los bienes y de la propiedad privada
28. Las consecuencias del desorden actual confirman la necesidad, para toda la sociedad humana, de que se recuerden continuamente los principios de la justicia, y sobre todo el principio del destino universal de los bienes.
La doctrina social de la Iglesia, en efecto, funda la ética de las relaciones de propiedad del hombre con respecto a los bienes de la tierra bajo la perspectiva bíblica que señala la tierra como un don de Dios para todos los seres humanos. «Dios ha destinado la tierra y cuando ella contiene al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Pues … jamás se debe perder de vista este destino común de los bienes» [18].
El derecho al uso de los bienes terrenales es un derecho natural, primario, de valor universal, puesto que es de todo ser humano: ningún otro derecho de tipo económico puede violarlo [19]; deberá, pues, ser tutelado y aplicado mediante leyes e instituciones.
29. Al afirmar la necesidad de garantizar a todos los hombres, siempre y en cualquier circunstancia, el disfrute de los bienes de la tierra, la doctrina social apoya también el derecho natural de propiedad de estos bienes [20].
El hombre, todo hombre, fructifica, de forma efectiva y eficaz, los bienes de la tierra que han sido puestos a su servicio y, por tanto, se realiza a sí mismo, si está en condiciones de poder usar libremente estos bienes, habiendo adquirido su propiedad [21].
Ésta es una condición y una garantía de libertad; es el presupuesto y la garantía de la dignidad de la persona. «La propiedad privada, o un cierto dominio sobre los bienes externos, aseguran a cada uno una zona indispensable de autonomía personal y familiar, y deben ser considerados como una prolongación de la libertad humana. Y como constituyen un estímulo para el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles» [22].
Si no se reconoce a los particulares el derecho de propiedad privada, incluida la de los bienes de producción, la historia y la experiencia nos demuestran que se llega a la concentración del poder, la burocratización de los diferentes ámbitos de la sociedad, la insatisfacción social y a ahogar y suprimir «el ejercicio de la libertad humana en las cosas más fundamentales» [23].
30. El derecho de propiedad privada, según el Magisterio de la Iglesia, no es, sin embargo, incondicional; al contrario, está caracterizado por restricciones muy precisas.
La propiedad privada, en efecto, en el contexto concreto de sus instituciones y de sus normas jurídicas es, ante todo, un instrumento de actuación del principio del destino común de los bienes; es, por tanto, un medio y no un fin [24].
El derecho de propiedad privada, que es positivo y necesario, debe estar circunscrito dentro de los límites de la función social de la propiedad. Todo propietario debe, por lo tanto, ser siempre consciente de la hipoteca social que grava sobre la propiedad privada: «Por tanto, el hombre al usarlas no debe tener las cosas exteriores, que legítimamente posee, como exclusivas suyas, sino también considerarlas como cosas comunes, en el sentido de que deben no sólo aprovecharle a él, sino también a los demás» [25].
31. La función social directa y naturalmente inherente a las cosas y a su destino permite que la Iglesia afirme en su enseñanza social: «Quien se encuentra en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo necesario tomándolo de las riquezas de otros» [26]. El límite al derecho de propiedad privada lo establece el derecho de todo hombre al uso de los bienes necesarios para vivir.
Esta doctrina, establecida por santo Tomás de Aquino [27], ayuda a evaluar algunas situaciones difíciles de mucha importancia ético-social, como la expulsión de los campesinos de las tierras que han cultivado, sin que se les asegure el derecho de recibir la parte de bienes necesarios para vivir, y los casos de ocupación de tierras baldías por parte de los campesinos que no son propietarios y viven en condiciones de extrema indigencia.
Condena del latifundio
32. La doctrina social de la Iglesia, basándose en el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, analiza las modalidades de aplicación del derecho de propiedad de la tierra como espacio cultivable y condena el latifundio como intrínsecamente ilegítimo.
Las grandes posesiones rurales están mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas, mientras que se debería incrementar la producción agrícola para responder a la creciente demanda de alimentos de la mayoría de la población, sin tierras o con parcelas demasiado pequeñas.
Para la doctrina social de la Iglesia, el latifundio está en neto contraste con el principio de que «la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos», de modo que «no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario» [28].
El latifundio, de hecho, niega a una multitud de personas el derecho de participar con el propio trabajo en el proceso de producción y de responder a sus necesidades y las de sus familias, al igual que a las de su comunidad y nación de la que forman parte [29].
Los privilegios asegurados por el latifundio provocan contrastes escandalosos y comportan situaciones de dependencia y de opresión tanto en el ámbito nacional como internacional.
33. La enseñanza social de la Iglesia denuncia también las injusticias intolerables provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales, en algunos casos apoyadas por instituciones del Estado, que pisotean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso los títulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras.
Se trata de formas de apropiación muy graves, porque, además de incrementar las desigualdades en la distribución de los bienes de la tierra, por lo general, producen una distribución de una parte de estos bienes, empobreciendo así a toda la humanidad. Crean formas de explotación de la tierra que quebrantan los equilibrios construidos durante siglos entre el hombre y el medio ambiente, y causan un gran deterioro medioambiental.
Esto debe aparecer como la señal de la desobediencia del hombre al mandamiento de Dios de actuar como guardián y sabio administrador de la creación (cf. Gn 2, 15; Sab 9, 2-3). Las consecuencias de esta desobediencia son gravísimas. En efecto, causa una grave y vil forma de falta de solidaridad entre los hombres porque afecta a los más pobres y a las generaciones futuras [30].
34. A la condena del latifundio y de la apropiación indebida, contrarios al principio del destino universal de los bienes, la doctrina social añade la condena de las formas de explotación del trabajo, sobre todo cuando éste es remunerado con salarios injustos o con otras modalidades indignas del hombre.
Con la remuneración injusta por el trabajo concluido y con otras formas de explotación se niega a los trabajadores la posibilidad de recorrer «la vía concreta a través de la cual la gran mayoría de los hombres puede acceder a los bienes que están destinados al uso común; tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción» [31].
Reforma agraria: indicaciones para un recorrido posible
Realizar una reforma agraria efectiva, equitativa y eficiente
35. A menudo ocurre que las políticas que pretenden promover una utilización correcta del derecho de propiedad privada de la tierra no consiguen impedir que ésta se siga poniendo en práctica, en amplias áreas del mundo, como un derecho absoluto, sin ninguna limitación proveniente de las correspondientes obligaciones sociales.
Sobre esta cuestión, la doctrina social de la Iglesia es muy explícita e indica que la reforma agraria es una de las reformas más urgentes y que se debe emprender sin demora: «En muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura —y a los campesinos— el justo valor como base de una sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social» [32].
Particularmente dramático, a propósito de este problema, es el llamamiento que hizo Juan Pablo II en Oaxaca, México, a los hombres de gobierno y a los latifundistas: «Por vuestra parte, responsables de los pueblos, clases poderosas que tenéis a veces improductivas las tierras que esconden el pan que a tantas familias falta: la conciencia humana, la conciencia de los pueblos, el grito del desvalido y, sobre todo, la voz de Dios, la voz de la Iglesia os repiten conmigo: no es justo, no es humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones claramente injustas. Hay que poner en práctica medidas reales, eficaces, en el ámbito local, nacional e internacional, en la amplia línea marcada por la encíclica Mater et magistra (parte tercera). Y está claro que quien más debe colaborar en ello es quien más puede» [33].
36. La doctrina social afirma varias veces que se debe garantizar la mayor valoración posible de las potencialidades productivas de la agricultura allí donde un porcentaje importante de la población se dedica a cultivar la tierra y depende de ese cultivo. En el caso de los fundos insuficientemente cultivados, la doctrina social justifica, mediante una indemnización equitativa para los propietarios [34], la expropiación de la tierra para repartirla a quienes estén desprovistos de ella o posean parcelas irrisorias [35].
Se debe subrayar, sin embargo, que, para la doctrina social, una reforma agraria no se debe limitar a repartir títulos de propiedad a quienes les son asignados.
La expropiación de las tierras y su reparto no son más que uno de los aspectos, y no el más complicado, de una política de reforma agraria equitativa y eficiente [36].
Promover la difusión de la propiedad privada
37. La doctrina social de la Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento adecuado para difundir la propiedad privada de la tierra en el caso en que los poderes públicos actúen siguiendo tres líneas de acción diferentes pero complementarias:
a) en el orden jurídico, para que haya leyes justas que mantengan y tutelen la efectiva difusión de la propiedad privada [37];
b) en el ámbito de las políticas económicas, para facilitar «el acceso a la propiedad privada de los siguientes bienes: bienes de consumo duradero; vivienda; pequeña propiedad agraria; utillaje necesario para la empresa artesana y para la empresa agrícola familiar; acciones de empresas grandes o medianas» [38];
c) en el ámbito de las políticas fiscales y tributarias, para asegurar la continuidad de la propiedad de los bienes en el seno de la familia [39].
Facilitar el desarrollo de la empresa agrícola familiar
38. Condenando el latifundio (porque es la expresión de un uso socialmente irresponsable del derecho de propiedad y porque es un grave obstáculo para la movilidad social) y condenando también la propiedad estatal de la tierra (porque comporta una despersonalización de la sociedad civil), la doctrina social de la Iglesia, consciente de que «nadie puede establecer en términos genéricos las líneas fundamentales a que debe ajustarse la empresa agrícola» [40], sugiere que se valore ampliamente la empresa familiar propietaria de la tierra que cultiva directamente [41].
La empresa agrícola familiar citada anteriormente utiliza, sobre todo, el trabajo realizado por los miembros de la familia, y se puede integrar en el mercado de trabajo empleando trabajadores asalariados.
La dimensión de este tipo de empresa agrícola debería estar en condiciones de proporcionar: unos ingresos adecuados para la familia, la continuidad de la familia en la empresa, el acceso a los créditos agrícolas y la sostenibilidad del medio ambiente rural, todo ello utilizando de forma apropiada los factores de producción.
Gracias a la eficiencia de su gestión y a la riqueza social que se produce de esta forma, este tipo de empresa proporciona nuevas posibilidades de empleo y de crecimiento humano para todos.
Esta empresa puede producir una contribución muy positiva no sólo para el desarrollo de una estructura agrícola eficiente, sino también para la realización del principio mismo del destino universal de los bienes.
Respetar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas
39. El Magisterio social de la Iglesia no considera a la propiedad individual como la única forma legítima de posesión de la tierra. Considera también y de forma especial a la propiedad comunitaria, que caracteriza a la estructura social de numerosos pueblos indígenas.
Este tipo de propiedad tiene tantas repercusiones en estos pueblos —en el orden económico, cultural y político— que constituye un elemento fundamental de su supervivencia y de su bienestar, teniendo además una función igualmente esencial de salvaguardia de los recursos naturales [42].
La protección y valoración de la propiedad comunitaria no debe, sin embargo, excluir la consciencia del hecho de que este tipo de propiedad está destinado a evolucionar. Si se actúa sólo para garantizar su conservación se corre el riesgo de vincularla al pasado y, de este modo, de destruirla [43].
Llevar a cabo una política laboral justa
40. La tutela de los derechos humanos que provienen de la actividad laboral es otra línea de acción fundamental que la doctrina social de la Iglesia presenta para asegurar una correcta actuación del derecho de propiedad privada de la tierra. Dadas las relaciones que vinculan el trabajo a la propiedad, aquél representa un medio de importancia crucial para garantizar el destino universal de los bienes.
Los poderes públicos [44] tienen, pues, el deber de intervenir para que estos derechos sean respetados y realizados siguiendo tres líneas de acción:
a) fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo [45];
b) garantizar el derecho a una remuneración del trabajo justa [46];
c) tutelar y promover el derecho de los trabajadores a formar asociaciones, que tengan como finalidad la defensa de sus derechos [47]. El derecho a asociarse representa, en efecto, la condición indispensable que permite alcanzar un equilibrio en las relaciones de poder de contratación entre los trabajadores y los empresarios, y para garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un buen diálogo entre las partes sociales.
Realizar un sistema de enseñanza capaz de producir un crecimiento cultural y profesional efectivo de la población
41. El factor cada vez más decisivo para tener acceso a los bienes de la tierra ya no es, como ocurría en el pasado, la propiedad de la tierra, sino la adquisición de los conocimientos que el hombre posee y puede acumular. Juan Pablo II afirma: «Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber» [48].
Cuanto mejor conozca el agricultor las capacidades productivas de la tierra y de los demás factores de producción y las diferentes modalidades con las cuales responder a las necesidades de los destinatarios del fruto de su trabajo, más fecundo será éste, sobre todo como instrumento de realización personal, con el que emplea su inteligencia y su libertad.
Es necesario, pues, urgente y prioritario poner en marcha un sistema de enseñanza capaz de ofrecer, en los diferentes niveles escolares, la enseñanza de los conocimientos y el desarrollo de las aptitudes técnicas y científicas.
CAPÍTULO III
LA REFORMA AGRARIA: UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
La reforma agraria: un instrumento necesario…
42. Una actividad agrícola caracterizada por la apropiación indebida y por la concentración de las tierras en latifundios obstaculiza gravemente el desarrollo económico y social de un país. La falta de crecimiento de la producción agrícola y del empleo no es más que un efecto a corto plazo.
Frente a esta situación, una reforma de la agricultura que asegure un reparto de las tierras diferente representa un objetivo importante sobre el cual hay que centrar la atención, al tratarse de una intervención necesaria para el desarrollo armónico de la economía y de la sociedad.
La calidad y el éxito de los programas de desarrollo obtienen, en efecto, grandes beneficios de la movilidad de los recursos internos de un país y de su distribución entre los diferentes sectores y grupos sociales. El objetivo de una reforma agraria es, precisamente, el de consentir el acceso a la tierra y a su utilización apropiada, así como el fomento del empleo.
43. Este tipo de reforma agraria, como medida política de desarrollo, es cada vez más necesaria, debida e improrrogable.
Un sector agrícola en desarrollo incrementa la renta de los agricultores, hace aumentar la demanda de bienes y servicios producidos por la industria y el sector terciario, y afianza el poder adquisitivo de quienes, a pesar de vivir en zonas rurales, no trabajan en el sector de la agricultura.
El primer efecto importante de este desarrollo es la contención del impulso migratorio hacia las ciudades y el traslado de la mano de obra hacia otros sectores, y los efectos sobre la urbanización y el nivel de los salarios.
El incremento de la productividad agrícola consentiría garantizar la seguridad alimentaria de la población y promover así el desarrollo cualitativo y cuantitativo de los productos alimentarios mediante precios asequibles.
Además, las experiencias concretas demuestran que el desarrollo del sector de la agricultura lleva consigo la expansión del sector de la industria y del de los servicios, y, por lo tanto, el desarrollo de toda la economía.
Hay que señalar, además, que una reforma agraria que genera la creación de empresas familiares contribuye de forma evidente a reforzar la familia, puesto que valora las capacidades y responsabilidades de sus miembros.
44. En los lugares donde sigue habiendo iniquidad y pobreza, la reforma agraria representa no sólo un instrumento de justicia distributiva, sino también un acto de gran sabiduría política.
Esta es la única respuesta posible y concretamente eficaz: la respuesta de la ley al problema de la ocupación de las tierras. Esta última, bajo sus formas variadas y complejas, incluso cuando son las condiciones de necesidad extrema las que la provocan [49], sigue siendo de todos modos una acción que no está conforme con los valores y normas de una convivencia verdaderamente civil. El clima de emotividad colectiva generado por la ocupación de las tierras puede con facilidad producir una serie de acciones y reacciones tan graves que pueden incluso escapar a cualquier control. Las instrumentalizaciones que se dan a menudo no tienen nada que ver con el problema de la tierra.
La ocupación de las tierras, con frecuencia manifestación de situaciones intolerables y deplorables en el orden moral, es la señal de alarma que requiere una actuación, en el ámbito social y político, de medidas eficaces y equitativas. Son, ante todo, los Gobiernos quienes deben intervenir, con su voluntad y determinación, para que se tomen urgentemente esas medidas. El hecho de retrasar y posponer la reforma agraria quita credibilidad a las acciones de los Gobiernos de denuncia y represión de la ocupación de las tierras.
…pero también muy difícil y delicado
45. Se podrán alcanzar los objetivos de este tipo de reforma sólo si se plantean correctamente los programas de desarrollo. Para que tengan buenos resultados se debe evitar caer en el error de creer que las medidas de reforma agraria consisten solamente en expropiar los grandes latifundios, dividir las tierras en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y, por fin, repartir las tierras a los beneficiarios de los títulos de propiedad.
Un programa de reforma agraria debe, por supuesto, prever objetivos a corto plazo para conseguir resultados inmediatos, dada la gravedad de los problemas sociales, asegurándose de que el acceso a las tierras responda plenamente a las necesidades. Pero, si la reforma agraria, a medio y largo plazo, se conforma simplemente con una distribución de las tierras, el problema de la lucha contra la miseria y el del desarrollo seguirán sin solucionarse.
Para poner en marcha una reforma agraria capaz de responder de forma concreta y duradera a los graves problemas económicos y sociales del sector de la agricultura de los países en vías de desarrollo, el compromiso de asegurar el acceso a las tierras no debe ser más que una primera parte del programa. Éste se debe desarrollar a largo plazo; hay que prever medidas que permitan el acceso a los factores de producción y a las infraestructuras que hacen que la productividad de la agricultura y al comercialización de sus productos mejore continuamente. Además, hay que prever el acceso a los servicios sociales que mejoran la calidad de vida y la capacidad de autopromoción de las persones, y, por consiguiente, el respeto de los pueblos indígenas. Para que la reforma agraria sea un éxito, las políticas nacionales y las de los organismos internacionales deberán ser totalmente coherentes con ésta.
Una oferta adecuada de tecnologías apropiadas y de infraestructuras rurales
46. La investigación es fundamental para realizar una reforma agraria verdaderamente efectiva y eficaz, porque gracias a ésta se alcanzan tres objetivos esenciales: la oferta de tecnologías apropiadas, el incremento de la producción y la protección del medio ambiente. Hoy en día es posible eliminar el contraste que existía entre la utilización de tecnologías apropiadas a cada tipo de empresa, la necesidad de las empresas de incrementar la producción agrícola y la necesidad de conservar los recursos naturales. Existe toda una serie de casos concretos que demuestran que los incrementos de productividad de la tierra y del trabajo realizados empleando tecnologías relativamente sencillas pero innovadoras son, en general, los más eficientes y eficaces, incluso por lo que se refiere a sus compatibilidades con el medio ambiente.
Estos mismo casos prueban que la productividad y la compatibilidad están estrechamente vinculadas a innovaciones en el cultivo y la utilización del suelo, que generalmente están muy condicionadas por las características del medio ambiente físico y económico local.
Las investigaciones y las experimentaciones hacen que sea posible determinar las innovaciones que se deben emplear en cada caso concreto.
47. Asimismo, en una reforma agraria es esencial que haya un servicio de asistencia técnica. Ésta representa el complemento indispensable de las actividades de investigación y experimentación, porque los resultados de éstas se pueden emplear prácticamente sólo si se informa a los productores de que existen y están convencidos de su eficacia.
La información y la capacitación son, por lo tanto, necesarias; deben ser constantes, de forma que el grado de conocimientos profesionales de los agricultores alcance el de las exigencias de la reforma agraria.
El servicio de asistencia técnica es indispensable sobre todo para educar a los agricultores a que se enfrenten al mercado formando asociaciones, siendo éstas las únicas que pueden darles un poder de contratación real, y orientarles de forma oportuna sobre la producción.
48. Además, es necesario que los programas de reforma agraria prevean el empleo de recursos para fomentar las infraestructuras rurales; se trata de la tercera área de intervención, que es igualmente fundamental para que la reforma tenga éxito.
Una agricultura en desarrollo comporta un incremento continuo de la demanda de energía, carreteras, telecomunicaciones y agua de riego. La oferta de estos servicios debe corresponder a la demanda.
Con este fin, además de proporcionar las infraestructuras necesarias, habrá que cuidar de su buena gestión. Sobre todo en el caso del agua de riego, a menudo se presenta el problema de su distribución a los usuarios y del empleo de los medios que garanticen un adecuado reparto del recurso para evitar su malgasto.
La eliminación de los obstáculos del acceso al crédito
49. Otro problema que la reforma agraria debe afrontar es el del acceso al crédito legal. A quienes han recibido la tierra se les debe garantizar la posibilidad de disponer de los modernos factores de producción a unos precios razonables.
Los beneficiarios de la reforma, por lo general, no poseen los ahorros necesarios para adquirir dichos factores y, por lo tanto, deben recurrir al crédito; pero los elevados costes de los préstamos concedidos a pequeños clientes hacen que los bancos de crédito se resistan a concederlos. A los beneficiarios de las tierras les queda, pues, una sola alternativa: recurrir al mercado no formalizado del crédito, con los costes y los riesgos que esto lleva consigo. Para evitar estos riesgos hay que fomentar las iniciativas de creación de bancos locales en cooperativa.
Los programas de reforma agraria deben prever el respaldo de la demando de créditos de las nuevas empresas generadas por la reforma. Se deben tomar medidas que propongan formas de garantía complementarias y que reduzcan los costes de la apertura de expediente de las operaciones de crédito.
Hay que facilitar y fomentar los créditos concedidos a los diferentes tipos de asociaciones de empresas nacidas de la reforma y que tienen como objetivo administrar conjuntamente los servicios de producción, adquirir de forma colectiva los factores de producción y comercializar de forma conjunta los productos.
Las inversiones en servicios e infraestructuras públicos
50. Junto con la realización de servicios y de infraestructuras apropiadas para la producción agrícola, los programas de reforma agraria deben prever fuertes inversiones en la sanidad, la enseñanza, los transportes públicos y el abastecimiento de agua potable.
En las áreas rurales de los países pobres estos servicios son escasos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sus posibilidades de desarrollo están limitadas por las escasas capacidades que tienen estos pueblos de influir en las decisiones políticas y por el hecho de que una parte importante de los costes debería ir a gravar, de forma directa o indirecta, mediante la imposición fiscal, a los latifundios.
Estos servicios, fundamentales en un sistema de vida moderno, son, por otra parte, un elemento indispensable y un factor de promoción del bienestar. Los servicios son, por tanto, un factor clave del desarrollo sostenible.
No son útiles solamente para los agricultores y sus familias, sino que benefician a toda la población, al crear diversas actividades productivas, incrementar la renta complexiva producida en el ámbito local y contener el fenómeno de la despoblación.
La presencia adecuada de estos servicios es, por tanto, una condición indispensable para luchar contra la pobreza de las zonas rurales y limitar los costes económicos y sociales de la urbanización. Mediante la reforma agraria se debe, pues, hacer todo lo posible por incrementar en los campos el acceso, la existencia, la aceptación y la conveniencia de los servicios públicos y las infraestructuras de utilidad pública.
Esto se puede aplicar sobre todo a la sanidad: el acceso a las estructuras sanitarias de base y a los hospitales, una adecuación sanitaria difundida y la disponibilidad de medicamentos sencillos y económicos son fundamentales a la hora de reducir la mortalidad y la morbilidad.
51. Por lo que se refiere a los servicios, hay que dar la máxima prioridad a las medidas tomadas para garantizar, tanto a los hombres como a las mujeres, el acceso a la escuela primaria, y extenderlo hasta la enseñanza secundaria y superior.
En estas condiciones, la instrucción y la capacitación profesional ofrecen a cada individuo los medios para poder desarrollar sus aptitudes personales. Y además se convierten en factores que implican cambios en las actitudes y los comportamientos, siendo éstos necesarios para poder hacer frente, sin costes excesivos, a la complejidad del mundo de hoy. De este modo, se conseguiría superar la idea que tiende a considerar la instrucción como un gasto de puro consumo y no como una inversión social.
Una atención particular al papel de la mujer
52. Las políticas que procuran favorecer el acceso a las tecnologías modernas y a los servicios públicos deben prestar una atención particular al papel crucial que tiene la mujer en la producción agrícola y en la economía alimentaria de los países en vías de desarrollo.
En estos países, aunque haya diferencias entre un lugar y otro, las mujeres son las que desempeñan más de la mitad del trabajo desarrollado en el sector de la agricultura; además, por lo general, toda la responsabilidad de la producción de alimentos para el sustentamiento de la familia recae sobre ellas [50].
A pesar de todo, están muy marginadas por formas graves de injusticia económica y social. Los mismos programas de reforma agraria consideran a las mujeres por el trabajo doméstico que desempeñan y no como sujetos productivos. Las leyes privilegian al hombre a la hora de asignar el derecho de propiedad de la tierra. El sistema de enseñanza tiende a anteponer la formación de los chicos a la de las chicas.
Considerando esta realidad, y para que los programas de reforma agraria tengan éxito, habría que preocuparse de garantizar a la mujer el derecho a la tierra, la atención de los servicios de asistencia técnica a sus necesidades, una instrucción escolar más amplia y de mayor calidad, un acceso al crédito más fácil, todo esto para mejorar la calidad de su trabajo y reducir su vulnerabilidad a los cambios tecnológicos y a los cambios en la economía y la sociedad, para incrementar el número de posibilidades de empleo [51].
Un apoyo real a la cooperación
53. En los programas de reforma agraria se debe prestar atención al papel decisivo desempeñado por la cooperación, puesto que se apoya el despegue y el desarrollo de las empresas agrícolas nacidas de la redistribución de las tierras.
Estas empresas deben enfrentarse, sobre todo en relación al mercado, a problemas complejos. Debido a la multitud de personas que responden a las condiciones de poder aspirar a la asignación de la tierra, en la mayoría de los casos el tamaño de las empresas no permite una utilización rentable de algunas tecnologías, como, por ejemplo, las que son necesarias para hacer menos pesado el trabajo en el campo. Es difícil que estas empresas dispongan de los principales factores de producción, de los que a menudo no existe un mercado local o bien, si lo hay, tiene precios muy altos. Son graves, sobre todo, los problemas que tienen estas empresas para comercializar sus productos. En la mayoría de los casos la comercialización está bajo el control de pocos comerciantes locales o bien no es factible porque, como ocurre con los nuevos productos (sobre todo si están destinados a ser transformados), no existe una demanda local.
54. En este tipo de realidad, el cooperativismo se convierte en un instrumento de solidaridad capaz de ofrecer soluciones eficaces. Bajo diferentes formas —cooperativas de servicios, abastecimiento, transformación o comercialización— la cooperación permite realizar, según las necesidades, una utilización de las máquinas más difundida, una eficaz concentración de la demanda de los factores de producción y de la oferta de productos. Las cooperativas, por lo tanto, se convierten en la fuente de economías de escala y de formas de poder de mercado que generan un incremento de la competitividad de las empresas asociadas y pueden llevar a abrir nuevos mercados para sus productos.
La cooperación es, pues, un instrumento muy valioso al permitir a las empresas, privadas o cooperativas, nacidas de la reforma que cambien sus producciones, y, de forma particular, al consentir el cultivo de productos de exportación sin que ello implique perjuicios para la economía local.
Además, es absolutamente necesario prever, en el ámbito de una reforma agraria, la promoción y el apoyo de la creación de bancos locales de cooperación que se propongan conceder préstamos a las familias con pocos ingresos y a las mujeres, para desarrollar el sector de la agricultura, las actividades artesanales y el consumo. Varias experiencias concretas demuestran que estos microbancos pueden representar un instrumento eficaz para reforzar las nuevas empresas y luchar contra la pobreza.
El respeto de los derechos de los pueblos indígenas
55. La reforma agraria no resuelve solamente el problema del latifundio. Contribuye también al reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
A causa de los estrechos vínculos existentes entre la tierra y los tipos de cultura, desarrollo y espiritualidad de estos pueblos, la reforma agraria constituye una parte determinante del proyecto sistemático y coordinado de medidas que los gobiernos deben tomar para tutelar los derechos de los pueblos indígenas y para garantizarles el respeto de su integridad.
A través de la reforma agraria se deben encontrar las modalidades que permitan encarar, de forma equitativa y racional, el problema de la devolución de las tierras a los pueblos indígenas que las ocupaban anteriormente, sobre todo la devolución de las tierras arrebatadas, incluso recientemente, con una serie de violencias y discriminaciones. En este caso, la reforma agraria debe indicar los criterios que permiten localizar las tierras que éstos ocupaban e indicar las modalidades de reinserción, garantizándoles una efectiva protección de sus derechos de propiedad y posesión.
La reforma debe consentirles el acceso a los servicios sociales y de producción y los medios necesarios para promover el desarrollo de sus tierras y disfrutar de unas condiciones equivalentes a las que se han concedido a los demás sectores de la población.
En resumen, la reforma agraria debe ayudar a las comunidades indígenas a que salvaguarden y reconstruyan los recursos naturales y los ecosistemas de los que dependen su supervivencia y su bienestar. Debe conservar y promocionar su identidad, su cultura y sus intereses, apoyar sus aspiraciones de justicia social y garantizar un ambiente que les permita participar activamente en la vida social, económica y política del país.
56. Para realizar estos objetivos, los programas de reforma agraria deben respetar dos condiciones:
a) Se deberá pone en práctica, de forma adecuada, el delicado y necesario equilibrio existente entre la necesidad de conservar la propiedad común y la de privatizar la tierra. Las formas tradicionales de posesión de la tierra, basadas en la propiedad común (es decir, en una forma de propiedad que se presta poco a la utilización de los modernos factores de producción y al empleo de las innovaciones tecnológicas), tienden a transformarse en propiedad privada a medida que la agricultura se desarrolla. Razones con fundamento hacen prever, incluso en el caso de los pueblos indígenas, la realización de una política de asignación individual de la propiedad de la tierra [52].
b) Los programas de reforma agraria deber ser definidos y adoptados con la participación y la cooperación de los pueblos interesados. La reforma agraria debe garantizar a los pueblos indígenas, por un lado, la posibilidad de disfrutar de los servicios sociales y de producción que éstos consideren oportunos para su organización social y para resolver sus problemas, y por otro lado, deben orientar hacia otras direcciones los factores de tipo económico y social que puedan causarles perjuicios.
El compromiso institucional del Estado
57. El compromiso que se pide al Estado es muy importante, porque implica la modificación de organismos, instituciones y normas que a menudo se encuentran en la base de la organización política, económica y social. En la mayoría de los casos, este compromiso coincide con el desarrollo de cuatro líneas de acción en el orden institucional:
a) el perfeccionamiento y la modernización del marco jurídico que regula el derecho de propiedad, la posesión y la utilización de la tierra, con una atención especial por ofrecer apoyo y estabilidad a la familia, considerada como sujeto de derechos y deberes;
b) la elaboración de políticas y leyes que tutelen los derechos fundamentales de las personas y que garanticen, por lo tanto, el derecho de los trabajadores a poder negociar libremente sus condiciones laborales, en el ámbito individual y colectivo;
c) la aplicación de un proceso de descentralización administrativa que permita y fomente la participación activa de las comunidades locales en la elaboración de proyectos, la realización, la gestión financiera, el control y la evaluación de los programas concernientes a la población, el desarrollo y el territorio que les afecta;
d) la adopción de políticas macroeconómicas respetuosas del principio de que los derechos de los agricultores a gozar de los frutos de su trabajo no son menos importantes que los de los consumidores; sobre todo por lo que se refiere a problemas fiscales, monetarios y demás problemas que nacen de los intercambios comerciales con el extranjero. La falta de respeto de los derechos económicos de los agricultores tiene inevitablemente repercusiones negativas sobre los mecanismos de mercado y sobre toda la economía.
La responsabilidad de las organizaciones internacionales
58. La reforma agraria, como instrumento de una agricultura en desarrollo, implica directamente las competencias y responsabilidades de muchas organizaciones internacionales. Estas organizaciones, al elaborar los modelos de desarrollo que pretenden difundir, deben preocuparse de que estos modelos se adapten a las necesidades y a los problemas de los diferentes países.
Con este fin, es importante evitar que la preocupación por reducir la deuda internacional, que a menudo comporta una promoción de la producción agrícola de productos de exportación, haga que los países en vías de desarrollo adopten medidas que provoquen un grave deterioro de los servicios públicos, sobre todo de la enseñanza, y una acumulación de problemas sociales.
59. La reforma agraria exige que las organizaciones encargadas de promover el comercio internacional presten una atención particular a las relaciones existentes entre políticas comerciales, distribución de la renta y satisfacción de las necesidades básicas de las familias.
El incremento de los intercambios comerciales tiene generalmente un impacto positivo en el crecimiento económico de un país: amplía las dimensiones del mercado, fomenta un mayor rendimiento y produce nuevos conocimientos. En algunas ocasiones, sin embargo, este desarrollo económico puede empeorar las condiciones de quienes están económicamente desaventajados.
Esto ocurre, por el ejemplo, si el incremento del cultivo de productos alimenticios de exportación hace disminuir la oferta de alimentos para el consumo interno y subir los precios. Se consigue un efecto aún más negativo si, por el hecho de que los productos de exportación requieren menos trabajo que los que se consumen en el ámbito local, se penaliza el empleo.
También puede ocurrir que se penalice por partida doble a los pequeños cultivadores. En primer lugar, porque, debido a los obstáculos que encuentran a la hora de tener acceso a los factores necesarios para cultivar los productos destinados a la exportación, éstos no pueden disfrutar de las ventajas de la exportación misma. En segundo lugar, porque el incremento de las exportaciones implica el aumento de ciertos costes de producción y la subida de los precios de la tierra; todo ello hace que la producción de bienes tradicionales sea menos conveniente.
Todo este conjunto de efectos, sin embargo, no es exclusivamente el resultado de la lógica de los intercambios comerciales, de la que no es más que una consecuencia indirecta. Es, también, el resultado directo de la concentración del capital tierra en manos de unos pocos, de la desigualdad social extendida y de la inadecuación de los servicios de asistencia técnico-administrativa a favor de los pequeños productores. Es evidente que esta situación, por sus consecuencias negativas en el campo de la lucha contra la pobreza y el hambre, compromete a las organizaciones internacionales a tenerla en consideración a la hora de definir sus propias estrategias de intervención.
CONCLUSIÓN
60. La Iglesia se está preparando al nuevo Milenio mediante una experiencia de conversión que encuentra su centro de inspiración en el Gran Jubileo del Año 2000. Este extraordinario acontecimiento eclesial debe impulsar a todos los cristianos a un serio examen de conciencia sobre su testimonio en el presente y también a una conciencia más viva de los pecados del pasado, de aquel «espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y escándalo» [53].
Afrontando el emblemático tema de la tradición bíblica del Jubileo de la redistribución equitativa de la tierra, el Pontificio Consejo «Justicia y Paz» se propone poner a la vista de todos una de las situaciones más tétricas y dolorosas de la corresponsabilidad, incluso de no pocos cristianos, en las graves formas de injusticia y marginación social, y de la aquiescencia de muchos de ellos frente a la violación de fundamentales derechos humanos [54].
61. La aquiescencia con el mal, que es una señal preocupante de degeneración espiritual y moral no sólo para los cristianos, está produciendo, en diversos contextos, una desconcertante vacuidad cultural y política, que general la incapacidad para cambiar y renovar. Mientras las relaciones sociales no cambian y la justicia y la solidaridad permanecen ausentes e invisibles, las puertas del futuro se cierran y la suerte de muchos pueblos permanece anclada a un presente cada vez más incierto y precario.
El espíritu del Jubileo nos debe incitar a decir: «¡Basta!» ¡Basta a los numerosos pecados individuales y sociales que provocan situaciones de pobreza e injusticia dramáticas e intolerables! Llamando la atención sobre el significado peculiar y esencial que tiene la justicia, en el mensaje bíblico de protección de los más débiles y de tutela de sus derechos, en cuanto hijos de Dios, a disfrutar de las riquezas de la creación, deseamos vivamente que el año jubilar, al igual que en la experiencia bíblica, sirva también hoy para restablecer la justicia social, a través de la distribución de la propiedad de la tierra marcada por un espíritu de solidaridad en las relaciones sociales.
62. La luz de Cristo, imagen del Dios invisible que busca al hombre, Su propiedad particular, movido por Su corazón de Padre, nos da la fuerza y nos ilumina en nuestro difícil camino [55].
El profundo conocimiento y la aplicación coherente de las directrices de la Iglesia ayudarán concretamente a toda la humanidad a crear las condiciones para gozar de la salvación a la que ha sido llamada por la gracia de Dios y a dirigirle a Él una gran oración de acción de gracias y de alabanza.
Invocamos la intercesión de la Virgen María, Madre del Redentor, Estrella que guía con seguridad los pasos hacia el Señor de todos los cristianos que abandonan los caminos equivocados, los caminos del mal, y se manifiestan dóciles a la acción del Espíritu para participar en la vida íntima de Dios y llamarle: «¡Abbá, Padre!» (Gá 4, 6).
Roma, 23 de noviembre 1997.
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Roger Card. Etchegaray
Presidentedel Pontificio Consejo «Justicia y Paz»
S. E. Mons. François-Xavier Nguyen Van Thuan
Vice-Presidente del Pontificio Consejo «Justicia y Paz»
Diarmuid Martin
Secretario del Pontificio Consejo «Justicia y Paz»
NOTAS
[1] Juan Pablo II, Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, 1994, n. 51. [2] Por «latifundio» se entiende una finca de gran extensión, cuyos recursos normalmente no son plenamente utilizados y que a menudo pertenece a un propietario ausente, que emplea a trabajadores asalariados y utiliza tecnologías agrícolas atrasadas. [3] Una visión clara de esta preocupación aparece en los numerosos documentos que el Episcopado católico, sobre todo de América Latina, ha consagrado a los problemas de la agricultura durante estos últimos años. Ver, por ejemplo, además de los documentos de las Conferencias Generales del Episcopado de Latinoamérica que tuvieron lugar en Río de Janeiro (1955), Medellín, La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio (1968), Puebla, La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina (1979) y Santo Domingo, Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana (1992): Conferencia Episcopal de Paraguay, La tierra, don de Dios para todos, Asunción, 12 de junio 1983; Obispos del Sur Andino, La tierra, don de Dios – derecho del pueblo, 30 de marzo 1986; Conferencia Episcopal de Guatemala, El clamor por la tierra, Guatemala de la Asunción, 29 de febrero 1988; Vicariato Apostólico de Darién, Panamá, Tierra de todos, tierra de paz, 8 de diciembre 1988; Conferencia Episcopal de Costa Rica, Madre Tierra, Carta pastoral sobre la situación de los campesinos e indígenas, San José, 2 de agosto 1994; Conferencia Episcopal de Honduras, Mensaje sobre algunos temas de interés nacional, Tegucigalpa, 28 de agosto 1995. La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y, de forma particular, la Comisión Pastoral de la Tierra se han pronunciado varias veces sobre el problema de la reforma agraria: Manifesto pela terra e pela vida. A CPT e a reforma agrâria hoje, Goiânia, 1 de agosto 1995; Pro-Memória da Presidência e Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB sobre as consequências do Decreto n. 1775 de 8 de Janeiro de 1996, Brasília, 29 de febrero 1996; Exigências Cristãs para a paz social, Itaici, 24 de abril 1996. [4] Este tipo de organización de la agricultura está desapareciendo solamente en los lugares donde se han realizado reformas agrarias. [5] Entre estas distorsiones merece la pena recordar:a) una distribución de las tierras frecuentemente realizada con métodos arbitrarios y sólo a favor de los miembros de los grupos dominantes o de las clases acomodadas;
b) la creación de reservas para los pueblos indígenas, a menudo en áreas poco fértiles o lejos del mercado o sin infraestructuras; fuera de estas reservas a los indígenas no se les permitía comprar u ocupar otras tierras;
c) la adopción de sistemas fiscales diferentes que favorecen a los latifundistas y la creación de impuestos discriminatorios sobre los productos de los pequeños agricultores;
d) la creación de organizaciones de mercado y la adopción de sistemas de fijación de precios que privilegian los productos de las grandes propiedades, llegando, en algunos casos, a prohibir la compra de los productos de los pequeños agricultores;
e) la imposición de barreras a las importaciones, para proteger los cultivos de los grandes latifundios de la competencia internacional;
f) la oferta de créditos, servicios y subvenciones de los que, en concreto, sólo disfrutaban los grandes latifundios.
[6] Por «pequeño agricultor» entiéndase el sujeto económico que actúa al margen de la producción agrícola y que está implicado en el proceso de atomización de la tierra. Este proceso es especular y consecuente al proceso de concentración y apropiación indebida del bien mismo. [7] Cf. FAO, Landlessness: A Growing Problem, «Economic and Social Development Series», Rome 1984. [8] Sobre las diferentes causas de fracaso, véase: FAO, Lessons from the Green Revolution – Towards a New Green Revolution, Rome 1995, p. 8. [9] Para analizar estas políticas de apoyo de las exportaciones agrícolas y de las grandes empresas y las consecuencias de éstas sobre la pobreza, véanse: World Bank, World Development Report 1990, Washington D.C., pp. 58-60; World Bank, World Development Report 1991, Washington D.C., p. 57. [10] Sobre este tema véase: Conseil Pontifical Justice et Paix, Les peuples autochtones dans l"enseignement de Jean-Paul II, Cité du Vatican 1993, p. 22 (traducción al español: Consejo Episcopal Latinoamericano, Departamento de Pastoral Social, DEPAS-CELAM, «Los pueblos autóctonos en la enseñanza de Juan Pablo II», Santafé de Bogotá – Colombia, 1996). [11] Sobre la estrecha correlación existente en la mayor parte de las economías agrícolas tradicionales entre la propiedad de la tierra, el acceso al crédito y la distribución de la riqueza, véase: World Bank, World Development Report 1991, pp. 65-66. [12] Existe una opinión unánime sobre el impacto extremadamente negativo de los servicios de capacitación agrícola de muchos países en vías de desarrollo en la pobreza de los agricultores. Véase, por ejemplo: World Bank, World Development Report 1991, pp. 73-75. [13] Cf. UNDP, World Development Report 1990, New York [14] Cf. Juan Pablo II, Discurso en la Cumbre mundial sobre la alimentación, organizada por la FAO del 13 al 17 de noviembre de 1996, L"Osservatore Romano, ed. española, 22 de noviembre 1996; FAO, Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, Rome 1996; Pontificio Consejo Cor Unum, El hambre en el mundo. Un reto para todos: el desarrollo solidario, Ciudad del Vaticano 1996; FAO, Dimensions of Need: An Atlas of Food and Agriculture, Rome 1995, p. 16; World Bank, Poverty and Hunger, Washington D.C., 1986. [15] Sobre las relaciones existentes entre la concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza de los campesinos y el deterioro del medio ambiente, véase: World Bank, World Development Report 1990, pp. 71-73; World Bank, World Development Report 1992, Washington D.C., pp. 134-138, 149-153; FAO, Sustainable Development and the Environment, FAO Policies and Actions, Rome 1992. [16] Sobre este tema es emblemático el relato de la viña de Nabot (cf. 1 Re 21). [17] Cf. Juan Pablo II, Tertio millennio adveniente, nn. 12-13. [18] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 1965, n. 69. [19] Juan XXIII, Carta encíclica Mater et magistra, 1961, n. 69. En el radiomensaje de Pentecostés de 1941, Pío XII, hablando del derecho a los bienes materiales, afirmaba que «Todo hombre, como ser viviente con uso de razón, recibe, en efecto, de la naturaleza el derecho fundamental de usar los bienes materiales de la tierra, aunque se deje a la voluntad humana y a las formas jurídicas de los pueblos el deber de regular su actuación práctica. Este derecho individual no se debe suprimir de ninguna manera; ni siquiera otros derechos certeros y pacíficos sobre los bienes materiales pueden hacerlo» (n. 13). [20] Derecho natural porque, según el Magisterio de la Iglesia, éste está contenido en la naturaleza misma del trabajo humano y por la «prioridad del hombre individual sobre la sociedad civil», Juan XXIII, Mater et magistra, n. 96. [21] «Y para poder hacer fructificar estos recursos por medio del trabajo, el hombre se apropia en pequeñas partes de las diversas riquezas de la naturaleza: del subsuelo, del mar, de la tierra, del espacio. De todo esto se apropia él, convirtiéndolo en su puesto de trabajo. Se lo apropia por medio del trabajo y para tener un ulterior trabajo», Juan Pablo II, Carta encíclica Laborem exercens, 1991, n. 12. [22] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 71 b. [23] Juan XXIII, Mater et magistra, n. 96. [24] «La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes», Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 14. [25] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 69 a. [26] Idem. [27] Cf. Summa Theologiæ, II-II, 66 art. 7. [28] Pablo VI, Carta encíclica Populorum progressio, 1967, n. 23. [29] La propiedad de los medios de producción en el sector de la agricultura es «justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil; pero resulta ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su compresión, de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y los hombres», Juan Pablo II, Carta encíclica Centesimus annus, 1991, n. 43. [30] El deterioro del medio ambiente material lleva, en realidad, al deterioro del «propio consorcio humano que el hombre no domina ya, creando de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera», Pablo VI, Carta apostólica Octogesima adveniens, 1971, n. 21. Al contrario, el hombre debe trabajar sabiendo que es «heredero del trabajo de generaciones y, al mismo tiempo, coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia», Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 16. [31] Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 19. [32] Idem., n. 21. [33] Juan Pablo II, Discurso a los indígenas y campesinos de México, Culiacán, Oaxaca, 29 de enero 1979 (Acta Apostolicæ Sedis, vol. LXXI, 1979, p. 210). Su Santidad el Papa Juan Pablo II ha intervenido en varias ocasiones sobre el tema de la reforma agraria: en Recife, Brasil, el 7 de julio 1980; en Cuzco, Perú, el 3 de febrero 1985; en Iquitos, Perú, el 5 de febrero 1985; en Lucutanga, Ecuador, el 31 de enero 1985; en Quito, Ecuador, el 30 de enero 1985; en el discurso a los Obispos de Brasil en visita «ad limina», el 24 de marzo 1990; en Aterro do Bocanga – São Luís, Brasil, el 14 de octubre 1991; en el discurso a los Obispos de Brasil en visita «ad limina», el 21 de marzo 1995. [34] Cf. Pío XII, Radiomensaje, 1 de septiembre 1944, n. 13; Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 71 f. [35] «El bien común exige, pues, algunas veces la expropiación, si, por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva», Pablo VI, Populorum progressio, n. 24. «Se imponen, pues, reformas que tengan por fin … el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas, en beneficio de los hombres capaces de hacerlas valer», Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 71 f. [36] Cf. Juan XXIII, Mater et magistra, nn. 110-157. [37] «Lo principal es esto: los gobiernos deben dar por sentado y aceptado el derecho de propiedad y asegurado con leyes equitativas», León XIII, Carta encíclica Rerum novarum, 1891, n. 30. [38] Juan XXIII, Mater et magistra, n. 102. [39] Las autoridades públicas no pueden usar de forma arbitraria su derecho a determinar los deberes de la propiedad violando el derecho natural de propiedad privada y de transmitir los bienes por herencia, y no pueden «gravar la propiedad con exceso de tributos e impuestos», Pío XI, Carta encíclica Quadragesimo anno, 1931, n. 49. [40] Juan XXIII, Mater et magistra, n. 128. [41] «Quienes tienen una concepción natural y, sobre todo, cristiana de la dignidad del hombre y de la familia, consideran a la empresa agrícola, y principalmente a la familiar, como una comunidad de personas en la cual las relaciones internas de los diferentes miembros y la estructura funcional de la misma han de ajustarse a los criterios de la justicia y al espíritu cristiano, y procuran, por todos los medios, que esta concepción de la empresa agrícola llegue a ser pronto una realidad, según las circunstancias concretas de lugar y tiempo», ibid., n. 128. [42] «En las sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está, a veces, parcialmente logrado por un conjunto de costumbres y tradiciones comunitarias que aseguran a cada miembro los bienes absolutamente necesarios», Concilio Vaticano II, Gaudiumt et spes, n. 69 b. [43] Cf. ibid., n. 69. [44] «En efecto, es el Estado el que debe realizar una política laboral justa», Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 17. [45] Es deber del Estado actuar contra el desempleo, el cual es en todo caso un mal, y que, cuando asume ciertas dimensiones, puede convertirse en una verdadera calamidad social», ibid., n. 18. Para que todos tengan un empleo, el Estado debe promover una organización del trabajo correcta, mediante «una coordinación justa y racional, en cuyo marco debe ser garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los centros y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente acerca del carácter subjetivo del trabajo humano», ibid., n. 18. [46] La remuneración del trabajo es justa si, además del salario, el trabajador puede disfrutar de «otras prestaciones sociales que tienen por finalidad la de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de sus familias», ibid., n. 19. [47] «La experiencia enseña que … la unión de los hombres para asegurarse los derechos que les corresponden, nacida de la necesidad del trabajo, sigue siendo un factor constructivo de orden social y de solidaridad, del que no es posible prescindir», ibid., n. 20. [48] Juan Pablo II, Centesimus annus, n. 32. [49] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 69 a. [50] Sobre la importancia del papel de la mujer en los procesos de producción y transformación de los productos agrícolas, en los países en vías de desarrollo, véase: FAO, Socio-political and Economic Environment for Food Security, Rome 1996, par. 4.3. [51] Cf. Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 29 de junio 1995. [52] No hay que subestimar, sin embargo, las ventajas de la propiedad común, sobre todo en el caso de la presencia de una población relativamente numerosa con respecto al recurso tierra. En este caso, la propiedad común garantiza a todos los miembros de la comunidad, incluso a los más pobres, el acceso a la tierra; motiva a los campesinos a que mantengan la capacidad productiva del suelo que cultivan; impide, al contrario de lo que ocurre en el caso de la propiedad privada, que los pequeños agricultores se vean obligados a vender sus minúsculas propiedades. En otras palabras, la propiedad común consigue evitar la pobreza extrema y la formación de masas de personas sin tierra que a menudo caracterizan las zonas dominadas por el latifundismo. [53] Juan Pablo II, Tertio millennio adveniente, n. 33. [54] Cf. ibid., n. 36. [55] Cf. ibid., n. 7.
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATOLICA
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