Unos se inclinan por la regulación, mientras prosperan las mafias dedicadas a la explotación sexual
El aumento de la prostitución en Europa, y especialmente de la callejera, ha creado un malestar ciudadano ante el que los gobiernos están reaccionando. Por una parte se trata de reforzar la lucha contra el proxenetismo, formado por redes mafiosas que han proliferado y que explotan sobre todo a inmigrantes ilegales. Por otra, se busca erradicar la prostitución callejera. Los caminos para conseguirlo son distintos: en Holanda se optó hace dos años por dar un carácter laboral a la prostitución; en Suecia, se persigue a los clientes; en Francia y en Italia, se va a prohibir la prostitución en la vía pública.
Holanda: La legalización no logra “normalizar” la actividad
Amsterdam. La legalización de los burdeles en Holanda ha resultado un fracaso. Esta es la conclusión recién publicada por el Centro de Investigación y Documentación encargado de hacer un balance a los dos años de la abolición de la ley que prohibía la prostitución. Para ello han sido entrevistadas varios cientos de personas entre prostitutas, dueños de establecimientos del ramo y policías. Ni las condiciones laborales y sanitarias de las prostitutas han mejorado, ni ha desaparecido el circuito clandestino.
La ley aprobada en el verano de 2000 consideraba la prostitución como cualquier otra actividad profesional. Bajo el nombre de “trabajadores del sexo”, deberían pagar impuestos e inscribirse en la Seguridad Social. Sobre todo se pretendía erradicar la clandestinidad, que lleva al proxenetismo, a la explotación de menores y al tráfico de inmigrantes ilegales sin recursos que ejercen la prostitución.
La realidad dos años después no responde a las expectativas. Se han dado de alta en el fisco 921 prostitutas, cuando se estima que la cifra real ronda las 30.000. Por parte oficial, ni Hacienda ha mostrado interés en obligar a sus nuevas contribuyentes a cumplir sus deberes fiscales, ni los bancos se atreven a hacer préstamos a dueños de burdeles, quienes además cada vez tienen más dificultades para encontrar personal con la documentación en regla.
Con la promulgación de la ley, no solo no desaparecieron las prostitutas ilegales de países del este de Europa, sino que las que tenían permiso de estancia o eran del país pasaron a la clandestinidad, ya que de llegar a ganar 13.600 euros al mes, como afirmaba una de ellas en la prensa nacional, pasaron a ser equiparadas a los empleados de los servicios o a quienes pasean a perros o hacen compañía.
Otro motivo del fracaso es la falta de interés de los ayuntamientos para dar licencias y practicar controles, según afirma la Inspección de Trabajo. Los burdeles con permiso desaparecen, porque en estas circunstancias la competencia los hace insostenibles. El intento holandés, que se caracteriza por permitir que los establecimientos del sexo sean negocios normales y la profesión se equipare a otras, no ha dado resultado.
Carmen Montón
Francia: Será delito la prostitución en la calle
En Francia, el proyecto de Ley de Seguridad Interior, aprobado por el Consejo de Ministros, endurece la legislación contra la prostitución y otras actividades (mendicidad agresiva, campamentos nómadas, okupas, etc.) consideradas fuente de inseguridad ciudadana.
Hasta ahora, en Francia no estaba penalizada la prostitución, sino el proxenetismo. La prostitución callejera solo estaba prohibida, y sancionada como una infracción, si se ejercía mediante una incitación activa (palabras, gestos…). El nuevo proyecto prohíbe el incitar públicamente al comercio sexual por cualquier medio, incluida “la vestimenta o la actitud”. Y transforma la infracción en un delito penado con seis meses de cárcel y 3.750 euros de multa. De este modo, el proyecto de ley prohíbe de hecho toda prostitución en la vía pública.
En cuanto a la clientela, no solo serán perseguidos los clientes de prostitutas menores de edad, sino también los que recurran a mujeres cuya particular vulnerabilidad es manifiesta (por enfermedad, deficiencia psíquica o física, embarazo). Según el Ministerio del Interior, se trata de combatir la explotación sexual de deficientes mentales o de embarazadas, manejadas por redes mafiosas. La pena prevista es de tres años de prisión y 45.000 euros de multa.
La ley prevé también que el permiso de residencia temporal podrá ser retirado al extranjero que sea culpable de proxenetismo o de incitación a la prostitución. En cambio, la prostituta extranjera que denuncie o testimonie contra el proxeneta podrá obtener el permiso de residencia.
El proyecto ha despertado las críticas de la oposición, que considera que va contra los marginados. Pero el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, responde con energía que su proyecto sintoniza con las preocupaciones de las clases populares en materia de seguridad. Y, en el caso de la prostitución, piensa que es un modo de ayudar a las mujeres explotadas. “Es preciso acabar con la hipocresía que consiste en diferenciar entre la incitación activa y la pasiva”, declara a Le Monde. “¿Por qué la joven albanesa es puesta en una acera de París por los proxenetas? Porque no arriesgan nada. Al penalizar la incitación pasiva vamos a sacar a esas desgraciadas de las redes que las explotan”.
Suecia: un delito poco perseguido
La solución opuesta a la de Holanda es la de Suecia, donde la ley en vigor desde 1999 penaliza al cliente por la compra de servicios sexuales con una multa o penas de hasta seis meses de cárcel; en cambio, las prostitutas pueden seguir ofreciendo sus servicios sin incurrir en delito. La ley, apoyada en su momento sobre todo por colectivos feministas, quiere conseguir que los hombres dejen de ver el cuerpo de la mujer como algo que se puede alquilar.
El primer año de vigencia de la ley la prostitución callejera disminuyó un 50%, pero en cambio se trasladó a burdeles, hoteles y casas privadas. Cuando la ley llevaba en vigor 33 meses, habían sido denunciados 249 clientes, la mayoría por abordar a una prostituta en la calle. De ellos, 26 pagaron una multa sin llegar a juicio y 33 fueron juzgados y condenados a una multa. Según una serie de artículos publicados en la prensa sueca, se ve que la policía y los fiscales no se empeñan mucho en perseguir a los que infringen esta ley.
Italia: ¿Regular o abolir?
Roma. Como en otros países de Europa, la opinión pública italiana está cada vez más preocupada por el incremento de la prostitución. El gobierno italiano, que está ultimando un proyecto de ley que reforma esta delicada cuestión, sostiene que es utópico cancelar este “antiguo oficio” con una ley, pero sí es posible al menos combatir algunos de los fenómenos a los que está conectado.
Se calcula que existen en Italia unas 70.000 prostitutas, de las cuales la mitad son inmigrantes, y de éstas, el 50% menores de edad. En un porcentaje muy elevado de casos, la prostitución está ligada a la pura criminalidad y se ha convertido en un auténtico tráfico de esclavas.
Entre las ideas que se barajan en torno al proyecto de ley figura que la prostitución desaparezca del exterior y se pueda practicar en domicilios privados; que existan rigurosos controles sanitarios y que incluso paguen impuestos. Esta línea, representada sobre todo por la Liga Norte, choca sin embargo con la concepción de los aliados de centro (ex democristianos) de la coalición de gobierno, para quienes la “profesionalización” supone “institucionalización”, aunque al mismo tiempo sostienen que algo hay que hacer.
Las primeras críticas han provocado algún cambio de rumbo con respecto a la propuesta inicial. Así, frente a la idea de que se pueda ejercer en casas de vecinos se ha precisado que, en realidad, sería mejor limitarla a chalets aislados. En el fondo, aunque se prohíbe la vuelta a los burdeles, suprimidos por ley en 1958, no se impide de hecho que las prostitutas se agrupen en locales que sean formalmente “cooperativas”. Por cuanto concierne a la penalización de los clientes, el proyecto establece penas contra aquellos que abordan a una prostituta en un lugar público.
Sobre las ideas que finalmente aparezcan en el proyecto de ley deberá discutir el Parlamento, por lo cabe suponer que la efectiva aplicación de la nueva ley no será algo inmediato.
Diego Contreras
Cataluña regula los burdeles
En España la prostitución es alegal. No está penalizada, excepto si implica a menores o si el proxeneta obliga a ejercerla bajo engaño o coacción. Tampoco está regulada, excepto en Cataluña donde el gobierno catalán aprobó el pasado agosto un decreto sobre los burdeles.
Este decreto regula los locales donde se ejerce la prostitución: desde su localización (alejados de centros docentes), a los horarios o las condiciones higiénico-sanitarias. Los ayuntamientos deberán dar licencias municipales específicas para este tipo de actividad.
Las reacciones han sido variadas. Los propietarios de burdeles, hoy rebautizados como “clubs de alterne”, consideran que la normativa “responde a las expectativas del sector”. En cambio, las asociaciones de prevención y reinserción de prostitutas se han mostrado muy críticas. Consideran que lo que se está regulando es una forma de proxenetismo, y que no cabe dar un carácter laboral a la prostitución porque no es una profesión y la mayoría de las que la ejercen lo hacen obligadas.
El debate sobre la necesidad de la regulación está abierto en España, pues hay protestas del vecindario ante la prostitución callejera y continuamente se descubren redes mafiosas dedicadas a la explotación sexual de mujeres. Prueba de que el negocio del sexo no conoce la crisis es que entre la tercera parte y la mitad de los anuncios por palabras en los diarios de alcance nacional tienen que ver con la prostitución, aunque luego la lamenten en los comentarios editoriales.
Aceprensa 142/02
